El Gobierno del Estado de Chihuahua solicitó formalmente al Gobierno Federal incrementar su presencia e intervención en Guadalupe y Calvo, donde la disputa entre grupos del crimen organizado ha provocado el desplazamiento forzado de familias, principalmente indígenas.

Aunque la persecución del crimen organizado es competencia federal, las autoridades estatales señalaron que han asumido la atención presupuestal, operativa y humanitaria de la crisis.

Sin embargo, ante la magnitud del problema, plantearon cinco acciones clave a la Federación, seguridad en mesas de paz, atención social, estrategia policial y militar, reconstrucción de servicios y fondo económico.

El Estado reafirmó su disposición de trabajar coordinadamente con los tres órdenes de gobierno para restablecer la paz en la Sierra Tarahumara.