La arena política en Chihuahua vive una doble tensión institucional: por un lado, una escalada delictiva que coloca al estado en los focos rojos nacionales; por el otro, un adelantado pulso político donde la oposición señala ausencias en el gobierno estatal mientras afila sus propias armas de cara al proceso electoral de 2027

En el centro de la controversia se cruzan las acusaciones contra la administración de María Eugenia Campos por mantener una política de “puertas abiertas afuera y oídos sordos adentro”, la exigencia social de frenar los homicidios dolosos y la estrategia del bloque oficialista federal (Morena-PT) para medir fuerzas en la entidad.

El debate sobre la gobernabilidad dio un giro tras los señalamientos del coordinador de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada. El legislador cuestionó el argumento de la gobernadora Maru Campos respecto a un supuesto agravio a su “derecho de audiencia”, recordando que la mandataria declinó sistemáticamente acudir ante las instancias de rendición de cuentas del país.