La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, hasta el momento, no ha encontrado pruebas que acrediten los presuntos vínculos con el narcotráfico atribuidos por autoridades de Estados Unidos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y a otros señalados.

El titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, explicó que la investigación inició tras la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por el gobierno estadounidense. Indicó que se han realizado entrevistas, recopilado informes y otras diligencias, pero aclaró que no existen elementos suficientes para cumplir con el estándar probatorio que exige la legislación mexicana.

Por su parte, la fiscal Ernestina Godoy precisó que la indagatoria se limita a los delitos señalados por Estados Unidos y que no se ha ampliado a otros posibles ilícitos, como lavado de dinero, al no existir elementos que lo justifiquen.

En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que transparentará la información relacionada con las solicitudes de extradición, aunque mantendrá reservadas las notas diplomáticas vinculadas con los expedientes judiciales. Asimismo, la FGR clasificó por cinco años el cuestionario y las respuestas obtenidas durante la investigación sobre Rocha Moya.