En el Senado de la República se presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y prohibir que empleadores exijan de forma general la constancia de no antecedentes penales como requisito para contratar o ascender a una persona.
La propuesta, impulsada por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, plantea adicionar la fracción XVII Ter al artículo 133 de la LFT, con el fin de impedir que se soliciten documentos sobre antecedentes penales, salvo que la naturaleza del puesto lo justifique.
El proyecto sostiene que la práctica se ha convertido en un filtro habitual en procesos de reclutamiento, tanto en el sector público como privado. Sin embargo, desde 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha advertido que esta exigencia, cuando no está debidamente justificada, puede constituir un acto discriminatorio.
La iniciativa también cita posicionamientos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que considera que la solicitud indiscriminada de este documento excluye a personas sin relación directa entre sus antecedentes y el perfil laboral requerido.
El planteamiento recuerda que la Constitución prohíbe la discriminación y protege la libertad de trabajo, además de establecer en su artículo 18 el mandato de reinserción social. Asimismo, refiere disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que obligan al Estado a promover la inclusión laboral de personas liberadas.
La propuesta señala que exigir de manera general la carta de no antecedentes penales puede convertirse en una barrera indebida que afecta la igualdad de oportunidades y obstaculiza la reintegración social.