Una iniciativa de reforma legal en Guatemala podría permitir la liberación inmediata de entre 2 mil 500 y 3 mil personas condenadas por lavado de dinero, al eliminar las multas como requisito para recuperar la libertad tras cumplir su sentencia.

El planteamiento fue expuesto por el ministro de Gobernación, Marco Villeda, ante el Congreso, donde argumentó que las sanciones económicas han impedido reducir la sobrepoblación carcelaria, al mantener en prisión a internos que ya cumplieron su condena, pero no pueden pagar montos elevados.

Actualmente, la legislación establece penas de cárcel y multas proporcionales a los bienes involucrados, lo que en muchos casos representa cifras millonarias. Esta condición ha provocado que miles de personas permanezcan recluidas únicamente por no cubrir esos pagos.

La propuesta busca eliminar las multas y dejar la pena de prisión como única sanción, además de plantear un aumento en las condenas, que podrían pasar de un rango actual de entre seis y 20 años a uno de hasta 30 años.

Autoridades señalaron que la medida también responde a la crisis de hacinamiento en el sistema penitenciario, que supera el 300% de su capacidad, así como al alto costo que representa mantener a la población privada de la libertad.

De aprobarse, la reforma implicaría un cambio significativo en el sistema penal y tendría un impacto inmediato en la población carcelaria del país.