La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público tras declararlo culpable de un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación en la Diputación de Badajoz.

En la misma resolución fue condenado Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE en Extremadura, por su participación en las irregularidades detectadas durante el proceso de contratación. El tribunal concluyó que la plaza fue creada y adjudicada de manera contraria a la legalidad.

La sentencia no implica una pena de prisión, sino la imposibilidad de desempeñar cargos públicos durante nueve años. La defensa de David Sánchez anunció que recurrirá el fallo ante instancias superiores, mientras que el Gobierno español expresó su confianza en que la condena sea revocada.

La resolución provocó una inmediata confrontación política. El Partido Popular sostuvo que el fallo supone un duro golpe para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, mientras que el PSOE defendió la inocencia del músico y atribuyó el proceso a una estrategia de desgaste contra el Gobierno.