El diputado de morena, Pedro Torres Estrada, presentó una iniciativa con carácter de decreto para reformar la Ley Estatal de Educación y el Código Penal del Estado, con el objetivo de garantizar la protección integral, la dignidad y la seguridad jurídica de las y los trabajadores de la educación ante denuncias infundadas y actos de violencia institucional o digital, destacando que el  magisterio y el personal de apoyo a la educación han sido, históricamente, pilares fundamentales de la transformación social de nuestro estado.

Añadió que este calvario procesal no solo representa costos económicos desproporcionados por la necesidad de una defensa legal particular, sino que también atenta gravemente contra la salud física y mental de las personas afectadas, derivando en cuadros crónicos de ansiedad, ataques de pánico y, en casos sumamente trágicos ocurridos en la entidad, el suicidio de maestras y maestros inocentes.

El diputado morenista propuso adicionar la fracción X al artículo 131 de la Ley Estatal de Educación para establecer como obligación de las madres, padres o de quienes ejerzan la tutela, guarda y custodia conducirse en todo momento con respeto, decoro y civilidad hacia el personal docente, directivo y administrativo de las instituciones educativas, absteniéndose de realizar actos de intimidación, difamación o violencia verbal o física que atenten contra su integridad o dignidad profesional.