La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, además de convertir deudas privadas en deuda pública, el problema del Fobaproa fue la corrupción con la que se aplicó el rescate. Dijo que se documentan casos de personas y empresas que, a su juicio, no debieron ser rescatadas, y que algunas recibieron apoyos por el doble o el triple de lo necesario.

También se refirió a Ricardo Salinas Pliego: mencionó que un día antes se habló en la conferencia del rescate de Salinas y Rocha a través del Fobaproa y de la creación de Elektra. Según la mandataria, entre los beneficiarios del Fobaproa está el empresario, pues tras ese rescate fundó Elektra, y cuestionó qué favores se habrían prometido “unos a otros”.

En un video publicado en X, el dueño de Grupo Salinas rechazó haberse beneficiado y acusó a la presidenta de presentar información incompleta para perjudicar su imagen. Explicó que, tras la devaluación, la empresa acumuló una gran deuda y sus acciones pasaron a cuentas de bancos, y que los bancos transfirieron al Fobaproa las cuentas por cobrar de los préstamos que no se pudieron pagar. Sostuvo que su operación no representó un beneficio personal, sino que aportó recursos para reducir las pérdidas de las instituciones financieras.

Salinas Pliego dijo además que los ataques en su contra son una ofensiva de Palacio Nacional para desviar la atención de supuestos casos de corrupción, como los de Rocha Moya y Guadalupe Taddei. Pidió a la presidenta abrir los expedientes del Fobaproa y consultar la documentación ante las autoridades correspondientes para identificar a los beneficiarios del rescate.

Contexto. El Fobaproa se creó en 1990, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y con él la deuda privada de la banca pasó a ser pública. Datos de Hacienda indican que, a julio pasado, los pasivos del IPAB, heredero del Fobaproa, llegaron a un billón 165 mil 351 millones de pesos. En septiembre, Sheinbaum anunció una mañanera especial para explicar el origen de la deuda y exponer los casos en los que, desde su perspectiva, el mecanismo benefició a personas o empresas que no debieron ser rescatadas