El analista político José Eduardo Borunda Escobedo señaló que los organismos electorales del país, en este sentido, las presidencias o los consejeros electorales, tanto de índole local como nacional, siempre se encuentran presionados para cometer alguna falta administrativa o delito, principalmente por presiones políticas, las cuales en ocasiones conllevan a nexos con sectores empresariales. Refrendó que el caso de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei no ha sido el único que se ha presentado en la historia del INE o del IFE.

En relación con si el caso de corrupción que se presentó recientemente debe ser solucionado antes de que inicie el proceso formal para el ejercicio 2026-2027, el politólogo refrendó que se trata de procesos largos y complicados. Añadió que al Gobierno Federal no le convendría alargar este proceso y que, sobre todo, también se deberá analizar que no se trate de una jugarreta política y terminen señalando que no hay delito que perseguir.

Borunda Escobedo dijo que es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quien debe realizar la investigación correspondiente en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).