El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, luego de que un juez de control resolviera las acusaciones presentadas en su contra por la Fiscalía General del Estado (FGE). Sin embargo, el juzgador descartó vincularlo por el delito de coalición de servidores públicos al considerar que no se cumplían los requisitos legales para acreditar esa imputación.

La resolución se emitió el jueves 22 de octubre durante la reanudación de la audiencia inicial, celebrada en la Ciudad Judicial de Chihuahua, como parte de la causa penal 3055/2026, correspondiente al fuero común.

El juez Luis Alberto Simental Ortega determinó que Jáuregui deberá continuar sujeto al proceso penal por el primero de los delitos señalados, mientras que la acusación por coalición de servidores públicos no prosperó en esta etapa judicial.

Tras la audiencia, el abogado defensor Héctor Villasana informó que el juzgador estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo que permitirá a las partes reunir y presentar mayores elementos relacionados con el caso.

De acuerdo con el defensor, el Ministerio Público había solicitado cuatro meses para continuar con las diligencias. La defensa también anunció que impugnará la vinculación a proceso al considerar que existen argumentos para cuestionar la resolución judicial.

Defensa cuestiona la decisión del juez

A la salida de la audiencia, Villasana calificó como incongruente que el juez descartara el delito de coalición de servidores públicos, pero considerara procedente la vinculación por ejercicio ilegal del servicio público, pese a que ambas acusaciones derivan de los mismos antecedentes.

El abogado sostuvo que los datos presentados por el Ministerio Público no demuestran una responsabilidad directa de su representado y cuestionó que la imputación esté relacionada con su posición como titular de la Fiscalía General del Estado durante los hechos investigados.

La defensa considera que deben existir elementos de prueba sólidos para sostener las acusaciones y adelantó que recurrirá a los mecanismos legales disponibles para combatir la determinación.

La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria ni determina por sí misma la culpabilidad del exfuncionario. El procedimiento continuará mientras las autoridades investigadoras y la defensa presentan sus respectivos argumentos.

La causa penal estatal es independiente del expediente que mantiene abierto la Fiscalía General de la República (FGR) contra Jáuregui por el presunto delito de traición a la patria.

El exfiscal compareció mediante videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, donde permanece recluido por los cargos federales.

Esta segunda investigación está relacionada con la presunta autorización para que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos participaran en actividades dentro de territorio mexicano durante un operativo contra el crimen organizado en Chihuahua.

El caso ha generado tensiones entre autoridades estatales y federales, debido a los cuestionamientos sobre la presencia de personal extranjero en labores de seguridad y las condiciones en que se desarrolló el operativo.

El operativo en la sierra de Chihuahua, origen de la investigación

Las investigaciones contra Jáuregui se remontan al desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, entre el 17 y el 19 de abril de 2026.

Durante el regreso del operativo, una camioneta del convoy cayó por un barranco y explotó, accidente en el que murieron cuatro personas: el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), su escolta y dos ciudadanos estadounidenses señalados como presuntos agentes de la CIA.

A partir de estos hechos, la Fiscalía estatal investigó posibles omisiones en la cadena de mando y en los protocolos aplicables durante el despliegue.

Las indagatorias derivaron en la detención de Jáuregui el 17 de octubre, así como en una orden de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien se desempeñó como fiscal de Operaciones Estratégicas.

El encargado de despacho de la FGE, Gilberto Loya Chávez, sostuvo que la investigación no busca desconocer el trabajo de las corporaciones que participaron en el desmantelamiento del laboratorio clandestino, sino esclarecer la manera en que se condujo el operativo.

Con la resolución del 22 de octubre, César Jáuregui enfrenta procedimientos distintos: uno del ámbito estatal por ejercicio ilegal del servicio público y otro del ámbito federal relacionado con la presunta traición a la patria.

Mientras el proceso estatal continuará con un plazo de dos meses para la investigación complementaria, la defensa anunció que buscará revertir la vinculación dictada por el juez.

El desarrollo de ambos expedientes será determinante para esclarecer las presuntas responsabilidades de los involucrados en un caso que combina la actuación de autoridades estatales, la participación de ciudadanos estadounidenses y las implicaciones legales de las operaciones de seguridad en Chihuahua.