A un año de su restructuración, el Poder Judicial de la Federación (PJF) atraviesa un momento delicado, ya que ha habido recorte de personal, cancelación de plazas, horas extras laborales sin remuneración y fuertes restricciones a la contratación de personal por honorarios, aseguran trabajadores.

Manifiestan que entre las medidas más drásticas están la aprobación interna, en febrero, del plan de disciplina presupuestaria para 2026, que impone severas medidas de austeridad, entre ellas un ahorro de 533.5 millones de pesos mediante recortes administrativos y control de gasto, así como la reducción de 10 por ciento en el costo total anual de las estructuras orgánicas.

En entrevista, afirman que en juzgados, 90 por ciento de las ausencias temporales por incapacidad, maternidad/paternidad o comisiones oficiales no se cubren. También expusieron que algunos de los 846 jueces y magistrados electos tras la reforma judicial demuestran falta de experiencia y de dominio de conceptos jurídicos fundamentales durante las audiencias, aunque los registros del PJF señalan que más de 50 por ciento de los actuales togados tienen experiencia de más de 10 años en la impartición de justicia y laboraron en órganos federales.

Pero no sólo eso. Indican que aún persiste la protesta de un grupo de jueces y ministros en retiro, quienes dicen que cerca de 220 de ellos no han recibido su indemnización ni pensión adicional conforme al artículo décimo transitorio de la reforma judicial. Sin embargo, el PJF afirmó en su momento que no les debe nada, puesto que no cumplen con los requisitos establecidos en la enmienda y que a la fecha ha liquidado con dichas compensaciones económicas a 742 ex funcionarios.

De acuerdo con un diagnóstico elaborado por el Comité Ejecutivo de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, hay un rezago mayor a 62 por ciento en los expedientes, el cual conforma las cargas de trabajo que generan horas extra no remuneradas, y la falta de cobertura de plazas cuando alguien solicita licencia, incapacidades o ausencias prolongadas, obliga al resto del equipo asumir el trabajo adicional.

Al respecto, los entrevistados refieren que en tribunales laborales del PJF, como ocurre en la sede de San Lázaro, se encuentran rebasados, ya que los cinco secretarios, quienes son funcionarios clave que asisten directamente a jueces y magistrados en la tramitación y solución de los juicios, reciben hasta 120 expedientes al día que deben distribuirse para su resolución en una semana, lo cual es imposible.

Piden diagnóstico de cargas laborales
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) cuenta con 931 órganos jurisdiccionales: 270 son tribunales colegiados de circuito en materia administrativa, civil, penal, laboral y mixtos, 39 de apelación, 446 juzgados de distrito y 42 centros de justicia penal federal. Tiene una plantilla de 39 mil 160 trabajadores, de los cuales 19 mil 163 son de apoyo jurisdiccional, 4 mil 51 administrativos, 8 mil 577 secretarios y mil 575 jueces y magistrados.

Por ello, el personal pide que el Poder Judicial realice un diagnóstico nacional de las cargas laborales, crear nuevos juzgados y tribunales, ampliar las plantillas, garantizar sustituciones y modificar la evaluación de la productividad.

“Las cargas de trabajo siguen siendo extraordinarias, hay deficiencias en el climatizador, equipos inadecuados y trámites administrativos que complican el trabajo diario. Faltan copiadoras, hojas, el mantenimiento es ineficiente y en los sanitarios de algunas oficinas ni siquiera hay agua. La justicia no mejora exigiendo más a quienes ya trabajan al límite; mejora atendiendo las causas del retraso”, reiteran.

Cifras de la Dirección General de Estadística Judicial indican que hay 210 mil 459 expedientes con algún tipo de rezago, principalmente en tribunales colegiados, que resuelven juicios contra sentencias definitivas y recursos de revisión en amparo indirecto.

Para abordar este problema, el AOJ publicó en el Diario Oficial de la Federación, hace dos semanas, el acuerdo sobre medidas para mejorar el desempeño de los órganos jurisdiccionales y así reducir el retraso de los expedientes sin sentencia.

En diciembre, el presidente del OAJ, Néstor Vargas, declaró que el extinto Consejo de la Judicatura Federal dejó un déficit de 14 mil millones de pesos para la operación financiera del PJF, además de graves deficiencias en el mantenimiento de inmuebles y escasos recursos materiales para la labor jurisdiccional.

Asimismo, detuvo obras, adecuaciones y mantenimiento de inmuebles, así como de aires acondicionados, los cuales se han reparado en un año sin costos adicionales.