La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Gobierno de Nuevo León y concedió una suspensión que impide al Congreso local ejecutar cualquier acción derivada del juicio político iniciado contra el gobernador Samuel García Sepúlveda.

Con esta determinación, el Poder Legislativo estatal no podrá aplicar medidas como una eventual separación del cargo o la inhabilitación del mandatario mientras el máximo tribunal resuelve el fondo del asunto. La resolución fue publicada en la Lista Extraordinaria de Notificaciones de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad.

El Gobierno de Nuevo León sostiene que el procedimiento legislativo se sustentó en un expediente con irregularidades, al asegurar que las únicas pruebas integradas fueron la identificación oficial de la persona denunciante y recortes de notas periodísticas. Además, señaló que el Congreso afirmó contar con evidencias suficientes para acreditar presuntas conductas ilegales del gobernador, aunque dichos elementos nunca fueron dados a conocer.

La controversia constitucional fue presentada después de que la Comisión Anticorrupción del Congreso local avaló el inicio del juicio político. Con la suspensión otorgada por la SCJN, el Congreso deberá abstenerse de ejecutar cualquier acto que afecte la permanencia de Samuel García en el cargo hasta que exista una resolución definitiva del caso.