El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago De la Peña Grajeda, cuestionó la viabilidad de promover un procedimiento político en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, y señaló que la Cámara de Diputados cuenta con un rezago significativo de expedientes pendientes por resolver en la materia.

El funcionario estatal hizo referencia a reportes de alcance nacional que indican la existencia de aproximadamente mil 200 solicitudes acumuladas de juicio político en contra de gobernadores y legisladores de las últimas legislaturas, de las cuales la mayoría permanecen sin resolución y algunas ya habrían prescrito.

De la Peña Grajeda sostuvo que resultaría contradictorio dar prioridad al caso de la mandataria chihuahuense mientras otros expedientes considerados graves continúan sin ser atendidos por el Poder Legislativo. Asimismo, afirmó que someter a la gobernadora a un proceso de esta índole por el ejercicio de sus funciones institucionales sentaría un precedente en la historia política del país.