En Chihuahua se ha registrado un crecimiento acelerado de la población adulta mayor, quien en su mayoría pasa por abandono, omisión de cuidados y violencia con mayor frecuencia, muchas veces desde el entorno más cercano: la familia, demostrando que detrás de cada una de las realidades de las personas de la tercera edad carecen de una red de apoyo y enfrentan una problemática en expansión.

Bajo este contexto, la Subdirección de Protección Familiar del DIF Municipal atendió 32 casos de personas mayores en situación de vulnerabilidad durante el primer trimestre del presente año, según informó Gabriela Valdez, la titular de la dependencia, quien detalló que la mayoría de los reportes que recibieron están relacionados con omisión de cuidados o conflictos dentro del núcleo familiar.

La funcionaria explicó que cada uno de los casos es abordado de manera integral, priorizando el diálogo con las familias para restituir los derechos de los adultos mayores y así evitar que las situaciones escalen a instancias legales; sin embargo, no todos los escenarios permiten una solución conciliatoria.

Lo anterior se debe a que, cuando no existe una red de apoyo o bien, los familiares se deslindan de la responsabilidad, los casos son canalizados a la Procuraduría de Protección, donde el Estado puede asumir la tutela de las personas mayores, en un proceso que implica investigación, seguimiento y en algunos casos, el resguardo institucional.

No obstante, en las calles, la problemática adquiere otra dimensión de mayor urgencia, debido a que cada vez son más visibles las personas de la tercera edad en cruceros, pidiendo dinero o realizando actividades informales bajo condiciones adversas para sobrevivir, poniendo en riesgo a los conductores y a sí mismos.

Ante estos casos, el DIF Municipal interviene con un enfoque preventivo, evaluando si las personas cuentan con la capacidad para tomar decisiones o si se encuentran en una situación de abandono. Sin embargo, Valdez subrayó que, en algunos de estos casos, los propios adultos mayores deciden permanecer en la vía pública, lo que limita la intervención institucional.

“Hay personas que, pese a las condiciones, deciden seguir trabajando o permanecer en la calle, y debemos respetar sus derechos”, explicó la funcionaria, destacando el delicado equilibrio entre protección y autonomía.

Aun así, cuando se detecta la existencia de hijos o familiares, se debe cumplir con la ley, la cual indica que son ellos quienes deben asumir la responsabilidad del cuidado de la tercera edad. En la práctica, sin embargo, esta obligación no siempre se cumple.

Cuando esto ocurre, el DIF Estatal releva al Municipal para hacerse cargo de la persona adulta mayor. Desde 2021 a la fecha, al menos 55 adultos mayores han quedado bajo tutela pública del estado, luego de que las familias decidieron no hacerse cargo o no se encontrara ningún pariente dispuesto a asumir la responsabilidad.

El DIF Estatal también dio a conocer que además del abandono, se han registrado casos por omisión de cuidados e incluso por violencia familiar, lo que refleja la gravedad del fenómeno y el riesgo de que estos delitos aumenten con el envejecimiento poblacional.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, se estima que más de 500 mil personas en Chihuahua tienen 60 años o más, una cifra que continuará en aumento en las próximas décadas, dado que Conapo indicó en 2024 que el índice de envejecimiento —cantidad de adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes— había sido superado en un 34.22 porciento.

En la capital, más de 7 mil adultos mayores forman parte de programas alimentarios municipales, lo que evidencia no solo el crecimiento de este sector, sino también su nivel de vulnerabilidad económica, ya que estos programas buscan brindar apoyo a las familias más vulnerables.

Aunque existen alternativas de atención, como las siete Casas de los Abuelos y más de 100 asilos y residencias en el estado, la cobertura sigue siendo limitada frente a la creciente demanda, sobre todo porque solo una parte recibe apoyo gubernamental.

La violencia contra adultos mayores permanece en gran medida invisibilizada, ya que en Chihuahua se registra una denuncia por violencia familiar cada 40 minutos en los conmutadores del 9-1-1 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, indicador que también incluye agresiones hacia este sector.

Especialistas advierten que factores como la dependencia física, el aislamiento, la pobreza y el edadismo incrementan el riesgo de abuso, mientras que los principales agresores suelen ser familiares directos.

Ante este panorama, autoridades han comenzado a impulsar reformas para endurecer sanciones contra quienes abandonen o maltraten a adultos mayores, reconociendo que se trata de una problemática creciente que requiere atención urgente.

Desde el ámbito municipal, se mantiene activa la brigada “La calle no es su lugar”, que busca intervenir en casos detectados en vía pública, además de canales de denuncia para la ciudadanía; este programa ha evolucionado hasta brindar ayuda y orientación a adultos mayores.

Sin embargo, el reto va más allá de la atención institucional, dado que la protección de los adultos mayores implica un cambio cultural que reconozca su dignidad, derechos y papel en la sociedad.

Porque en Chihuahua, en medio del crecimiento urbano y los cambios sociales, el envejecimiento no solo es una estadística, sino un reflejo de cómo una sociedad cuida —o abandona— a quienes la construyeron.