Estados Unidos dio un giro en el caso contra Nicolás Maduro al autorizar que el gobierno de Venezuela cubra los gastos de su defensa legal, pese a las sanciones que mantiene contra ese país.

La decisión fue emitida por el Departamento del Tesoro, que otorgó permisos especiales para que abogados del exmandatario —y de su esposa, Cilia Flores— puedan recibir pagos con fondos venezolanos bajo condiciones específicas.

Hasta ahora, esas transferencias estaban bloqueadas por el régimen de sanciones, lo que había generado tensiones legales e incluso argumentos de la defensa sobre una posible violación al derecho de elegir abogado.

El cambio busca destrabar el proceso judicial en Nueva York y evitar retrasos derivados de la falta de financiamiento, además de impedir que el costo de la defensa recaiga en el sistema estadounidense.

Eso sí, no es un permiso abierto: los recursos deben cumplir condiciones estrictas, como no provenir de ingresos petroleros regulados por EE. UU.

Maduro enfrenta cargos graves relacionados con narcotráfico y crimen organizado, en un proceso que sigue avanzando en tribunales federales tras su captura en 2026.