El Gobierno de España desplegará 600 nuevos funcionarios para atender el proceso de regularización de migrantes, en un intento por evitar el colapso de las oficinas de Extranjería ante la avalancha de solicitudes prevista en las próximas semanas.

La medida busca absorber la carga administrativa que generará la incorporación de más de medio millón de personas al sistema, sin aumentar la presión sobre las oficinas ya saturadas.

El plan contempla distribuir el trabajo entre distintas dependencias y reforzar la tramitación para mantener los tiempos de respuesta dentro de lo establecido.

Para acceder al proceso, los solicitantes deberán acreditar que residían en España antes de finales de 2025, demostrar al menos cinco meses de permanencia continua y no contar con antecedentes penales, en un esquema que pretende ordenar la situación migratoria y facilitar el acceso al empleo formal.

El refuerzo llega en un contexto de alta presión institucional, con cientos de miles de expedientes pendientes y advertencias sobre la capacidad del sistema para procesar la demanda, lo que convierte esta regularización en una prueba clave para la gestión migratoria del país y su impacto en el mercado laboral.