El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) activó el pasado viernes y por primera vez en su historia el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo que permite llevar una situación grave de desapariciones generalizadas o sistemáticas a la atención de la Asamblea General de la ONU.
Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU y profesor de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM (CCU), hablaron en Aristegui en Vivo de la activación de este mecanismo, del que coincidieron que se ha dado en un contexto de negación por parte del gobierno mexicano y de creciente preocupación internacional.
Corcuera explicó que la decisión de activar el procedimiento del artículo 34 se produjo después de una serie de alertas y recomendaciones emitidas por el Comité desde 2015, cuando por primera vez se señaló un contexto de desapariciones forzadas generalizadas en México. “El Comité ya había señalado, en informes previos, que México vivía un contexto de desapariciones generalizadas, una conclusión que reiteró en 2018 y luego en 2021 y 2022″, señaló.
“Lo último que le quedaba al Comité es activar el procedimiento del artículo 34. Ya se había agotado el uso de otros mecanismos, y ahora es necesario llevar el caso a la Asamblea General de la ONU”, explicó.
El académico apuntó que se trata de un procedimiento se activa cuando el Comité recibe información que considera bien fundamentada sobre desapariciones forzadas sistemáticas o generalizadas, por lo que el CED solicitó al Estado mexicano que entregue información al respecto en las próximas semanas.