En México hay cerca de 500,000 personas que están en el limbo legislativo y que tendrán que esperar hasta mejores tiempos para saber si podrán contar con derechos laborales: los repartidores y conductores de aplicaciones.
El gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), elaboró una propuesta de reforma para incluir dentro de la legislación laboral un nuevo apartado para reconocer en ella los empleos asociados a la economía gig, la que abarca a quienes realizan trabajos de manera independiente a través de plataformas digitales, pero ésta nunca vio la luz.
La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, expresó que este tema era una prioridad para su gestión. En tanto, al interior de ambas cámaras del Poder Legislativo hay una docena de propuestas de todos los partidos políticos para reconocer los derechos laborales de este sector, pero tampoco han logrado avanzar y siguen en la congeladora legislativa.
