La reducción de la jornada de trabajo es uno de los temas de la agenda legislativa laboral que más expectativas ha generado en los últimos meses y que más dará de qué hablar en los pasillos del Congreso de la Unión en el periodo de sesiones que inicia el 1 de septiembre. Sin embargo, todavía no existen los consensos para asegurar su avance.
En abril de este año, antes de concluir el período ordinario anterior, en comisiones de la Cámara de Diputados se aprobó una reforma constitucional para reducir la jornada laboral y establecer un modelo de cinco días de trabajo por dos de descanso, lo que implicaría una disminución de 48 a 42 horas semanales. El proyecto no logró llegar al pleno.
Para la senadora Patricia Mercado, secretaria de la Comisión de Trabajo del Senado, la única certeza hasta ahora en torno al tema, es que a partir del próximo periodo de sesiones habrá una discusión más fuerte, pero su aprobación dependerá de los acuerdos que se alcancen. Al tratarse de una modificación a la Carta Magna, el reto es mayor.
En tanto, en la Cámara Baja hay optimismo para que el dictamen avance para su discusión en el pleno en este periodo ordinario, el penúltimo de la presente legislatura. La diputada Susana Prieto Terrazas, secretaria de la Comisión de Trabajo en San Lázaro y autora de la reforma constitucional, confía en el compromiso que asumió el coordinador de Morena para impulsar el proyecto.
“El 25 de abril, cuando despedimos el periodo ordinario de sesiones, el diputado Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se comprometió a subir el dictamen al pleno en septiembre”, puntualiza la morenista.
