El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este martes que monitorea la situación de los cerca de mil 500 detenidos por los asaltos del domingo a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema tras denuncias de que sus derechos han sido violados.
La preocupación por la situación de los bolsonaristas radicales arrestados, que en su mayoría están confinados provisionalmente en un pabellón deportivo de la Policía Federal, fue manifestada por el ministro de Derechos Humanos del Gobierno de Lula, Silvio Almeida, en un comunicado.
NOTA DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
— Silvio Almeida (@silviolual) January 10, 2023
Inicialmente, cumpre esclarecer que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania se alinha totalmente à postura adotada pelo Presidente da e pelos Chefes dos demais poderes no sentido de dar aos atos golpistas 👇🏿
Numerosos detenidos comenzaron a ser transferidos este martes a la prisión de Papuda, a las afueras de Brasilia.
La cartera de Derechos Humanos informó en la nota que está en contacto con el Ministerio de Justicia “para monitorear la situación de las personas detenidas tras los desórdenes ocurridos en Brasilia”.
Según el comunicado, las dos carteras actuarán en conjunto “para que la legalidad siempre sea observada”.
El anuncio se produjo luego de que los propios detenidos aprovecharan su acceso a las redes sociales para denunciar supuestas violaciones a sus derechos, algunas de las cuales ya desmentidas, incluyendo maltratos y condiciones inhumanas de detención.
Además de 300 personas detenidas el domingo en flagrancia por su participación en los ataques golpistas, otras 1.200 fueron arrestadas el lunes en el campamento que los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro habían instalado hacía 70 días frente al cuartel general del Ejército en Brasilia para presionar por un golpe militar contra Lula, cuya victoria electoral no reconocen.
Todos fueron conducidos a un pabellón deportivo mientras unos 50 equipos de fiscales y policías intentan identificarlos e interrogan uno por uno para establecer su posible responsabilidad en los ataques y determinar si los liberan o les formulan cargos.
El senador Lasier Martins denunció que entre los confinados en el gimnasio hay menores de edad y ancianos, lo que fue desmentido, y que las condiciones de los arrestados son inhumanas.
“Están siendo sometidos a una situación extrema por falta de agua, falta de baño y pasando hambre, que nos hace pensar que fue creado un campo de concentración”, afirmó el senador derechista.
El magistrado Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema, respondió estas alegaciones durante un discurso, diciendo que “hasta el domingo promovían desorden y crímenes, y ahora se quejan porque están detenidos y quieren que su prisión sea convertida en colonia de vacaciones”.
El Ministerio de Derechos Humanos aclaró en su comunicado que está totalmente alineado a la decisión del Gobierno de responder a los “actos golpistas y al frustrado intento de abolición del Estado democrático de derecho con el más riguroso tratamiento en los términos de la ley y de la Constitución”.
Pero aclaró que, por actuar en defensa de la vida y de la justicia social, se preocupa con todos los presos, incluso por los acusados de golpismo, especialmente por las condiciones inhumanas de los presidios brasileños.
