Un juez federal aprobó el miércoles de manera preliminar un acuerdo que proporcionaría un pago de más de un millón de dólares a trabajadores de una planta procesadora de carne en Tennessee donde se efectuó una redada para detener a migrantes en 2018.
La agrupación activista Southern Poverty Law Center y el b (NILC por sus siglas en inglés) dijeron en esa época que la redada en las instalaciones de la Southeastern Provision Plant, en Bean Station, Tennessee, fue la de mayor escala en un sitio de trabajo en casi una década.
Los demandantes, unos 100 trabajadores que fueron detenidos durante la operación, dijeron que agentes del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus siglas en inglés) actuaron específicamente contra ellos de manera ilegal.
El juez federal Travis R. McDonough, del Distrito Este de Tennessee, aprobó el acuerdo en forma preliminar y fijó la audiencia de aprobación definitiva para el 27 de febrero.
El caso, en el que se alegó que el proceder de la policía fue ilegal y se actuó con prejuicios raciales, fue reconocido en agosto como demanda colectiva.
Los demandantes considerados colectivamente recibirían un total de 550 mil dólares, según el acuerdo. El gobierno federal también tendría que pagar 475 mil dólares a seis demandantes individuales para resolver reclamos de fuerza excesiva y arresto ilegal, así como 150 mil dólares en honorarios de abogados y gastos.
“Este arreglo constituye un momento histórico para los trabajadores migrantes en Estados Unidos”, dijo Meredith Steward, abogada supervisora principal del Proyecto Justicia para Inmigrantes del Southern Poverty Law Center. “Los trabajadores latinos se defendieron frente a agentes federales que actuaron específicamente contra ellos por su origen étnico”.
