Tras su voto en contra del dictamen para trasladar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, senadores del PRI confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarará inconstitucional esta reforma y anunció que solicitará a la brevedad la suspensión de su aplicación como medida cautelar.
En sus intervenciones, los integrantes del PRI señalaron que se trata de una reforma que viola la Constitución y es contraria a los acuerdos que hicieron posible la reforma de 2019.
El PRI indicó que “con estas reformas, México renuncia a la posibilidad de construir una institución de carácter civil y a la promesa del regreso paulatino de las Fuerzas Armadas a los cuarteles”.
El partido tricolor destacó que más que razones técnicas, la reforma tiene razones políticas y “politizar la seguridad es extremadamente peligroso”.
De acuerdo con los priistas, la reforma busca subsanar las ineficiencias del gobierno federal para consolidar la institución, además de su abandono a las entidades y los municipios a los que “no se les han dado los recursos necesarios para fortalecer sus policías”.
El PRI reiteró su convicción de que la solución a los desafíos de seguridad que vive el país necesita contar con corporaciones sólidas, capacitadas, equipadas y confiables a nivel local.
