La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de los cinco actuales magistrados, la multa que el Instituto Nacional Electoral (INE) le impuso Morena por más de 62 millones de pesos por omitir reportar gastos durante el proceso interno de las llamadas corcholatas.
Dicho proceso se llevó a cabo del 19 de junio al 10 de septiembre del 2023, en el que triunfó Claudia Sheinbaum.
En sesión pública, el magistrado Felipe de la Mata expuso su proyecto de sentencia, en el que respaldó el dictamen elaborado por el INE y afirmó que el partido político no logró desvirtuar las conclusiones de la autoridad electoral.
“La sanción impuesta por el INE no fue ni arbitraria ni fortuita, es una consecuencia directa de las acciones y omisiones del partido recurrente y de las personas aspirantes en una campaña nacional enorme, que generó beneficios a Morena, ya que el INE demostró, a través de un trabajo exhaustivo y profesional, que se vulneraron las reglas de fiscalización”, dijo el magistrado.
La sentencia ratifica la sanción impuesta por el Consejo General del INE por las irregularidades encontradas en el proceso de fiscalización de los gastos de propaganda de los aspirantes a la denominada Coordinación de la Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación, proceso en el que participaron los morenistas Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.
La magistrada presidenta, Mónica Soto, respaldó el proyecto y aseguró que el partido no presentó argumentos convincentes para reclamar las conclusiones del INE.
“El actor se limita a exponer argumentos genéricos o novedosos que no desvirtúan el ejercicio de la autoridad responsable”, dijo la magistrada.
La magistrada Janine Otálora y los magistrados Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez también respaldaron el proyecto del magistrado De la Mata.
Al desestimar cada uno de los alegatos presentados por el partido político, el proyecto presentado por el magistrado Felipe de la Mata concluyó que el trabajo de fiscalización que hizo el INE se apegó a derecho.
“La consecuencia jurídica fue la imposición de las sanciones conducentes sobre las cuales, el partido controvierte cuatro conclusiones en las que el INE acreditó que omitió comprobar o reportar un aproximado de 43 millones de pesos que se gastaron en este proceso partidista, por lo que le impuso una multa de poco más de 62 millones de pesos”, expuso.
Por lo tanto, concluyó que “fue correcto sancionar a Morena con ese monto al ser responsable de los gastos que realizó y no hacerlos del conocimiento de la autoridad electoral”.
El magistrado expuso que una de las sanciones más altas impuestas a Morena tuvo que ver con la propaganda en vía pública.
“El INE detectó cerca de 25 millones de pesos gastados en espectaculares, bardas, carteleras, puentes, y paradas de autobuses relacionadas con el proceso partidista o sus aspirantes que nadie le reportó”, dijo.
“El INE pudo encontrar y registrar mil 880 objetos relacionados con el proceso partidista que ni el partido ni los aspirantes reconocían como propios, y si bien es cierto que al respecto el partido y los aspirantes presentaron 123 escritos de deslinde, en realidad, el INE solo tuvo como ineficaces 11, pues incluso a pesar de que se publicaron tuits solicitando a la ciudadanía no poner más publicidad, la propaganda no cesó, se mantuvo a la vista de todas y todos, a lo largo del proceso partidista beneficiando a quienes estaban participando y siendo expuestos”, argumentó.
En sus alegatos, Morena acusó que el INE “de manera intencional” le formuló demasiadas observaciones y que eso dificultó su capacidad de respuesta, lo cual consideró como “prácticas dilatorias.
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