Ecuador mantiene medidas de seguridad como toques de queda y estados de excepción en varias regiones, en medio de una escalada de violencia ligada al crimen organizado y operativos militares en distintas zonas del país.

Las restricciones de movilidad han sido aplicadas principalmente en provincias costeras, con despliegues masivos de policías y militares para contener delitos como narcotráfico, extorsión y homicidios, en una estrategia impulsada por el gobierno de Daniel Noboa.

Sin embargo, organismos internacionales han advertido que estas medidas han venido acompañadas de denuncias por desapariciones forzadas, con al menos 50 casos señalados en el contexto de operativos de seguridad, lo que ha encendido alertas sobre posibles violaciones a derechos humanos.

Además, el uso constante de estados de excepción y la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad han sido cuestionados, al considerar que amplían el riesgo de abusos y dificultan la supervisión de las acciones oficiales.

El escenario refleja una crisis de seguridad que sigue sin resolverse, donde el endurecimiento de las medidas convive con señalamientos sobre sus consecuencias, en un país que enfrenta una de las etapas más violentas de los últimos años.