La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, insistió en que el gobierno de Claudia Sheinbaum está en contra de las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, pero adelantó que trabajarán con el Alto Comisionado de Derechos Humanos y están “abiertos” a la colaboración.
La funcionaria dijo que el gobierno mexicano todavía no tiene claridad de la agenda de Volker Türk, el Alto Comisionado, por lo que todavía no saben si se reunirá con la presidenta Sheinbaum.
“Nosotros estamos en la disposición de recibirlo, igual que recibirá, seguramente, a colectivos, seguramente a otras autoridades que ellos, el Alto Comisionado, ha manifestado la decisión de verlos, de entrevistarse con ellos. Nosotros estamos preparados para cualquier reunión con ellos”, informó.
Sobre el trabajo de la administración mexicana en materia de búsqueda de personas desaparecidas, Rodríguez reiteró que “no estamos a favor de las conclusiones de ese documento, eso no cambia. Estamos también por continuar trabajando de la mano de organismos”.
Rodríguez dijo que continúan colaborando con el alto comisionado. “Nunca hemos dejado de trabajar con todos los organismos internacionales. Una cosa es decir no estoy de acuerdo con lo que en dice este documento porque no toma en cuenta lo que hemos hecho”.
Para temas de personas desaparecidas, dijo, “hemos trabajado con Alto Comisionado” y la próxima semana una vez que termine la visita con el Alto Comisionado informarán sobre el avance del programa que tiene este gobierno.
Añadió que México es de los países que más colabora. “Pregúntenles a los diversos organismos” sobre cuántas reuniones se tienen con las autoridades de México y agradeció a todos los organismos internacionales.
“Estamos de la mano siempre trabajando”, y reiteró: “Una cosa es el trabajo diario y otra cosa es el documento”.
Finalmente, destacó que en julio 2025 se reformó la ley para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.
Un informe del Comité sobre Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU calificó la perpetración de desapariciones forzadas en México como “crímenes de lesa humanidad”.
