El Senado de la República aprobó en lo general la reforma constitucional impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con la que se busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” que reciben algunos exfuncionarios y altos mandos del sector público.
La iniciativa fue avalada con 116 votos a favor en el pleno y contempla modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer límites a las jubilaciones y pensiones dentro del servicio público.
Con esta reforma se plantea que ningún servidor público pueda recibir ingresos por jubilación superiores a la mitad del salario de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.
De acuerdo con la propuesta, el objetivo es reducir hasta en 80 por ciento las pensiones consideradas excesivas, que en algunos casos alcanzaban montos millonarios.
El gobierno federal busca que los recursos liberados puedan destinarse a programas sociales y a sectores vulnerables, sin afectar a trabajadores que reciben pensiones ordinarias.
La iniciativa ya había sido aprobada previamente por unanimidad en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado.
Durante la discusión se señaló que la medida impactará principalmente en jubilaciones de exfuncionarios de organismos como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la banca de desarrollo y otros organismos descentralizados.
Tras su aprobación en el Senado, la reforma deberá ser enviada a los congresos estatales para su análisis y eventual ratificación como parte del proceso legislativo.