La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó parte de la reforma electoral de Chihuahua y dejó sin efecto las disposiciones que permitían sancionar a candidatos y partidos por su presunta vinculación o beneficio de actos del crimen organizado. La resolución deriva de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la reforma estatal.
El Pleno también determinó que el Congreso de Chihuahua deberá modificar la legislación electoral para incorporar como causal de nulidad la intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados de una elección, antes del inicio del proceso electoral 2026-2027.
La resolución devuelve además al Tribunal Estatal Electoral sus facultades para interpretar las normas electorales, luego de que la reforma local había limitado esa atribución. También invalidó otras disposiciones relacionadas con acciones afirmativas y el régimen de sanciones.
La reforma había sido aprobada por el Congreso estatal en junio e incluía medidas para impedir candidaturas vinculadas con grupos delictivos y permitir la nulidad de elecciones por intervención criminal. La gobernadora Maru Campos había pedido públicamente a la Corte mantener vigentes esas disposiciones.