Un juez de control adscrito al centro de justicia del penal federal de máxima seguridad del Altilplano determinó vincular a proceso penal al ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero por el delito de desaparición forzada, luego de que considerara que las pruebas aportadas por el Ministerio Público eran suficientes para presumir su responsabilidad en este ilícito. Luego de una audiencia de más de 15 horas de debate, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso del ex gobernador de Guerrero por desaparición forzada de personas, relacionado con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A pesar de que la defensa del ex mandatario aportó más de 30 pruebas para desvirtuar la acusación, el juez consideró que ninguna de ellas era lo suficientemente contundente para desacreditar la versión de que Aguirre Rivero ordenó ocultar y destruir evidencias de lo acontecido la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, cuando privaron de la libertad y desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa.

El juez también concedió un plazo de 120 días para la conclusión de la investigación complementaria y para que la defensa reúna las pruebas que presentará durante el juicio que se instruirá en contra del gobernador en su calidad autor material del delito de desaparición forzada, considerado un crimen de lesa humanidad.

Desaparición de evidencias
De esa manera, el juez federal rechazó en esta etapa los 31 datos de prueba presentados por la defensa de Aguirre Rivero, que buscaba echar por tierra los argumentos de la FGR, que el viernes pasado aseguró con base en testimonios de Blanca N, ex visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina N, ex presidenta del Poder Judicial de esa entidad, que él ordenó destruir evidencia de lo sucedido con un grupo de los 43 normalistas, en hechos ocurridos en el municipio de Iguala.

La acusación que hizo la Fiscalía General de la República se basa en los testimonios de dos testigos que aseguran que el gobernador Angel Aguirre Rivero ordenó desaparecer toda evidencia de lo sucedido la noche del 26 de septiembre, principalmente porque su sobrino, Ernesto Aguirre, quien fungía como su asesor, estuvo al tanto de lo que pasó con los normalistas de Ayotzinapa desde un inicio, toda vez que tenía vínculos con el grupo criminal de Guerreros Unidos.

La entonces visitadora del Tribunal Superior de Justicia del Guerrero (TSJG), Blanca N, habría sustraído de la oficina de la presidenta del TSJG, un sobre en cuyo interior había un disco que contenía imágenes de lo que grabaron un par de cámaras colocadas al exterior del Palacio de Justicia, ubicado en Iguala, la noche del 26 de septiembre.

En las imágenes, se observaba cómo llegó a las inmediaciones de la ciudad de la justicia en Iguala, uno de los camiones donde llevaban a los normalistas escoltados por personas armadas, algunos con uniforme y otros sin él. Después las personas armadas obligaron a los estudiantes para pasarlos a otro autobús, que minutos más tarde huyó con rumbo desconocido, pero siempre escoltado por policías y gente armada.

La Fiscalía consideró que dichos videos contenía evidencia fundamental para poder reconocer quiénes iban a bordo del autobús y el camino que tomaron para huir de Iguala.

La visitadora del TSJG, que tomó ese sobre con el disco que contenían estas imágenes, y lo entregó a Ángel Aguirre en la oficina de la gubernatura la noche del 29 de septiembre, es decir 3 días después de la desaparición de los normalistas, y ahí el gobernador se lo entregó al entonces procurador Iñaki Blanco para que se deshiciera del material y lo destruyera.

Horas después ordenó a sus colaboradores a borrar o destruir toda evidencia de lo acontecido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala.

Reunión en Gobernación, coartada de la defensa
La defensa trató de desvirtuar la acusación presentando testimonios y pruebas documentales que el día que presuntamente recibió el sobre con el disco que contenía el video de las cámaras del Palacio de Justicia, el gobernador había sostenido una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Àngel Osorio Chong, en la Ciudad de México, lo que a su decir probaba que Aguirre Rivero no estuvo en Guerrero aquel 29 de septiembre y por ende no pudo haber recibido ese disco con las imágenes y menos aún mandar a destruir esa evidencia.

El ex gobernador de Guerrero deberá permanecer preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde enfrentará el proceso por desaparición forzada; aunque su defensores insistirán en que le modifiquen esa medida cautelar para que pueda seguir el proceso en prisión domiciliaria, debido al estado de salud que presenta Aguirre Rivero a sus 70 años de edad.