Integrantes del Consejo Ciudadano de Morelos señalaron al exalcalde de Cuernavaca y actual diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por su presunta responsabilidad en desvíos de recursos dentro del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).
De acuerdo con el Consejo, esta situación derivó en una deuda millonaria con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que, alertaron, terminará afectando directamente a la población.
El organismo ciudadano, durante las gestiones de Blanco y de su sucesor Antonio Villalobos Adán, también emanado de Morena, SAPAC acumuló un adeudo con la CFE que actualmente rebasa los 230 millones de pesos.
A pesar de que los usuarios cumplían con sus pagos —los cuales incluían el consumo eléctrico— el dinero no fue aplicado a ese fin, por lo que exigen una investigación a fondo y sanciones para quienes resulten responsables.
“El problema no es solo que haya un pasivo, sino que ese dinero ya fue pagado por la ciudadanía. Ahora se busca que la población vuelva a cargar con ese costo, lo que es inaceptable”, declaró Antonio Sánchez Purón, integrante del Consejo.
La Junta de Gobierno del SAPAC y el Cabildo de Cuernavaca ya solicitaron al Congreso del estado la autorización para formalizar un convenio con la CFE. El acuerdo propuesto contempla pagos escalonados por un total de 130 millones de pesos: tres millones mensuales hasta 2027 y 2.4 millones mensuales durante 2028. Esta medida, advierten organizaciones, comprometerá recursos que deberían destinarse a infraestructura y servicios básicos.
Además de la omisión en el pago de la energía eléctrica, el Consejo señaló que durante 2017 y 2018 se realizaron pagos por 13 millones de pesos a una empresa constituida con documentación falsificada: Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenca S.A. de C.V. En total, SAPAC le pagó 207 facturas sin que existan pruebas de entrega de materiales o ejecución de servicios.
La empresa fue registrada utilizando de manera fraudulenta la identidad del ciudadano poblano Guillermo Cuenca Cuautle, quien figura como accionista y representante legal ante el SAT, sin tener conocimiento de ello. No contaba con historial ni operaciones verificables.
En la administración de Villalobos Adán también se detectaron posibles irregularidades: se contrató a una firma para auditar las gestiones anteriores, pero aunque el contrato formal era por 250 mil pesos, el organismo terminó pagando 17 millones. No existen informes documentados ni resultados de la supuesta auditoría, y la empresa contratada operaba como una estética o asociación civil, sin capacidad técnica.
Frente a este panorama, el Consejo Ciudadano informó que desde octubre de 2020 interpuso denuncias ante una decena de instancias, incluyendo: la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Congreso de Morelos, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Contraloría de Cuernavaca, la Dirección General de SAPAC y la Comisaría del organismo. A la fecha, ninguna ha informado avances sustanciales.
Ante la inacción institucional, hicieron un llamado directo a la gobernadora Margarita González Saravia para dar seguimiento a las denuncias; al fiscal general del estado para garantizar la actuación de la Fiscalía Anticorrupción; al fiscal especializado en combate a la corrupción para reactivar las investigaciones; al Congreso local para revisar el convenio con la CFE y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas; y al Ayuntamiento de Cuernavaca y SAPAC, para transparentar los procesos administrativos en curso.
El Consejo insistió en que la ciudadanía no debe seguir pagando las consecuencias de una administración marcada por la opacidad y la simulación. “Lo que está en juego es la confianza en las instituciones y el derecho a un servicio público digno y transparente”, advirtieron.
