La población migrante indocumentada en Estados Unidos se incrementó sustancialmente con el ex presidente Joe Biden hasta alcanzar un total de 15.8 millones en 2024, pero se proyecta una reducción como resultado de las políticas severas del mandatario Donald Trump, según un nuevo informe elaborado por el Migration Policy Institute (MPI) sobre la demografía del universo de los extranjeros sin residencia.

Sin embargo, el crecimiento de esta población no fue generado principalmente por connacionales como en décadas anteriores.

“Aunque México continúa como el principal país de origen, el análisis de MPI revela que la parte nacional de la población no autorizada se ha reducido de manera dramática: de ser por mucho la más grande en los 80 y 90, bajó a 62 por ciento en 2010 y a 35 a partir de 2024”, según los autores del informe, Ariel G. Ruiz Soto, Julia Gelatt y Jennifer Van Hook.

“La cantidad de inmigrantes de Centro y Sudamérica se ha disparado mientras la cifra mexicana se redujo de manera significativa”. En particular, señalan incrementos importantes en el ingreso reciente de ecuatorianos, colombianos y venezolanos.

Tras analizar una variedad de fuentes oficiales estadunidenses, los autores calculan que la población inmigrante indocumentada en este país permaneció relativamente estable con aproximadamente 11 millones de personas desde 2010 a 2019. En ese periodo, aunque 6.1 millones cruzaron la frontera sin documentos o permanecieron en el país después de caducar sus visas, casi ese mismo número emigraron, fallecieron y en algunos casos obtuvieron algún tipo de documento de residencia.

En los cinco años posteriores a 2019 hubo un incremento neto de 5 millones de indocumentados, principalmente en 2022 y 2023. Entre ese total están 2.3 millones de inmigrantes centroamericanos y 1.3 millones de sudamericanos. En ese mismo periodo, el tamaño de la población indocumentada mexicana sólo creció 266 mil que se integraron a los 5.52 millones de connacionales que ya residen allá.

Estos incrementos, de acuerdo con los autores, fueron impulsados por el crecimiento de la economía estadunidense después de la pandemia de covid-19, como también por “el desplazamiento a gran escala de países de la América Latina nutrido por la violencia pandillera, represión política y desafíos económicos”.

Pero el cambio de jefe del Ejecutivo en Estados Unidos también contribuyó al incremento de llegadas a la frontera con México. Las políticas del gobierno de Biden que permitieron el ingreso de una mayoría de los migrantes que lograban llegar a tierra de la potencia del norte para esperar el resultado de procedimientos judiciales para su remoción y la creación de nuevos programas de “parole (ingreso) humanitario”, que permitían la entrada legal y estancia temporal a migrantes procedentes de Afganistán, Ucrania, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, trajó a cientos de miles adicionales.

Además, en un intento para disuadir a los extranjeros de cruzar la frontera sin documentos, el gobierno estableció lo que llamó la aplicación CBP One para hacer citas formales de entrevistas de asilo en los cruces fronterizos oficiales. Todos estos cambios sirvieron en parte como un imán para migrantes y cambiaron el perfil de la población sin residencia en Estados Unidos, según el informe.

“Como resultado de estos otorgamientos de paroles y otras medidas del gobierno de Biden, MPI calcula que a partir de mediados de 2024 hasta 40 por ciento de los inmigrantes no autorizados en Estados Unidos contaban con un estado liminal que les ofrecía protección temporal de la deportación, como el Estatus Protegido Temporario (TPS, por sus siglas en inglés), Acción Diferida para Llegadas de Menores (DACA, por sus siglas en inglés), el humanitario o una solicitud pendiente de asilo”, escriben los autores.

Debido a una reacción política adversa, en parte nutrida por Trump, el gobierno de Biden decidió limitar el acceso de solicitudes de asilo en la frontera en 2024. Cuando el republicano regresó a la Casa Blanca instó al gobierno mexicano a ayudarle a frenar los cruces fronterizos de inmigrantes, puso fin al programa de parole humanitario, inició el ocaso del programa TPS y empezó a deportar a decenas de miles de indocumentados, muchos de los cuales habían vivido en Estados Unidos durante décadas.

Aunque los autores se muestran algo escépticos sobre la capacidad del gobierno de Trump de cumplir su meta de deportar un millón de personas cada año, reconocen que la población indocumentadas podría empezar a reducirse en 2026 como resultado de estas medidas. De hecho, como La Jornada ha reportado, el gobierno del presidente Trump arrestó a un número récord de inmigrantes en junio pasado y todo apunta a que ese total será superado a finales de julio.

Para acelerar este proceso, el gobierno del republicano anunció la semana pasada un nuevo reglamento que esencialmente negará a cientos de miles de solicitantes de asilo la oportunidad de una audiencia ante un oficial antes de ser deportados.

El martes, The New York Times reportó que las autoridades de inmigración también revirtieron una práctica previa de permitir a esposos de ciudadanos estadunidenses o aquellos esperando recibir su residencia permanente (green cards) permanecer en el país.

“Agentes federales están arrestando a esposos de estadunidenses, trabajadores de tecnología y a otros cuyas visas han caducado, incluyendo a muchos que tienen solicitudes activas, y se les niega permanecer en el país”, reportó el rotativo.

Oposición de empresarios

Sin embargo, estos esfuerzos ampliados de deportación están generando oposición de algunos líderes empresariales e incluso republicanos que señalan que hoy día hay más de un millón de personas que viven en este país bajo varios tipos de autorizaciones de trabajo temporal, y que si de pronto ya no se les permite laborar habrá consecuencias económicas severas para varios sectores.

Políticos y funcionarios republicanos en Ohio y Florida han expresado su alarma ante el anuncio de que a partir del lunes 350 mil haitianos perdieron su TPS y por lo tanto su autorización para trabajar de manera legal. Entre 150 mil y 200 mil salvadoreños podrían perder sus permisos de empleo en septiembre.

“Con millones de empleos disponibles en casi todos los sectores y un ducto reducido de trabajadores para tomarlos, la economía estadunidense requiere de un sistema de inmigración modernizado que pueda atender las necesidades para una fuerza de trabajo y para sostener el crecimiento”, explicó la Cámara de Comercio de Estados Unidos en una carta enviada al liderazgo del Senado.

Unas 300 empresas han firmado una demanda para que el Congreso “promulgue una reforma migratoria sensata, tan pronto sea posible, para atender las necesidades de la economía actual”.