La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos mostró este viernes su preocupación por la decisión del Legislativo de México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que supone de facto su militarización pese a que la Constitución consagra el carácter civil del cuerpo.
#COMUNICADO 📰📢 La Alta Comisionada interina de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó hoy su preocupación por la decisión del Congreso de México de ceder el control de la #GuardiaNacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) September 9, 2022
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La decisión del Senado de la República de transferir el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional a una secretaría dirigida exclusivamente por militares “deja efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal”, indicó el organismo en un comunicado.
Las Fuerzas Armadas solo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales (…) y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, subrayó la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en funciones, Nada Al-Nashif.
Al-Nashif, quien cederá próximamente el cargo al austriaco Volker Türk, recordó que la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, y que ello “no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad”.
Además “ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos” contra las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, aseguró la jordana.
La alta comisionada en funciones también criticó que las reformas aprobadas hoy por el Senado mexicano no incluyan disposiciones que garanticen la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, “lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas”.
También expresó preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de reforma de la Constitución para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028.
