Las autoridades de Nueva York quieren poner fin a los últimos reductos de recalcitrantes contra las vacunas del COVID-19, al menos entre sus funcionarios, y este viernes vence el último plazo dado a los trabajadores de la educación pública para que se inoculen la vacuna si quieren volver al trabajo.
Sin embargo, quienes se oponen al mandato de las autoridades, tal y como ocurre en otras partes del país, se han lanzado en una campaña legal para intentar revertir la situación y que sea reconocido lo que consideran su derecho a no vacunarse.
“Nuestro caso sigue su curso en la Corte Suprema y continuamos luchando en nombre de nuestros miembros”, dijo a Efe Henry Garrido, el director ejecutivo de “Distrit Council 37”, el mayor sindicato de funcionarios públicos de la ciudad de Nueva York y que está luchando para que el Ayuntamiento retire su ultimátum.
La orden de vacunación ha sido paralizada en un par de ocasiones mientras los tribunales estudiaban la demanda, pero hasta el momento, los jueces se han inclinado a favor de la obligación de vacunarse.
En un mensaje por escrito, Garrido aclaró que, desde su organización, animan a sus miembros a vacunarse, aunque considera que imponer la vacuna por la “fuerza no es la solución” y propone, por ejemplo, que los colegios hagan “test semanales, si realmente quieren que todo el mundo esté seguro”.
