Es la segunda marcha en una semana por la crisis. Esta vez la policía no intervino, y un grupo de encapuchados atacó con explosivos oficinas públicas.

Cerca de 10.000 personas se manifestaron este domingo en Guadalajara para exigir una solución al agua que llega a los hogares sucia, con mal olor y, en ocasiones, con insectos, informó la agencia AFP. Protección Civil estimó la asistencia en 9.500 personas.

Es la segunda protesta por esta crisis en la ciudad, de unos cinco millones de habitantes. El domingo anterior, la policía dispersó la marcha con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión, y detuvo a 39 personas. Esta vez no intervino, y apenas contuvo los destrozos que un grupo de encapuchados causó con artefactos explosivos. Colocaron algunos en la entrada del Congreso de Jalisco y lanzaron otros contra el Palacio de Gobierno. Las autoridades se limitaron a controlar los incendios.

Mirna Álvarez, maestra de 34 años, asistió con su bebé, a quien baña con agua embotellada. Dijo que el olor es como de caño y que el problema lleva meses. Berta Castellanos, jubilada de 66 años, describió que el agua sale turbia, a veces café, y que en el baño se ven como animalitos al bajar la carga. Horacio Ramírez, de 49 años, contó que el agua sucia dejó de salir del todo y dijo que en su casa, con niños pequeños y adultos mayores, están muy enojados.

Entre las consignas, los manifestantes exigieron la renuncia del gobernador opositor, Pablo Lemus.

La contaminación proviene de un canal que transporta agua desde el lago de Chapala, fuente de 60% del abastecimiento de la ciudad. El urbanista José Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara, explicó que el canal es abierto, se construyó en 1956 y, por la urbanización acelerada, ha recibido aguas negras. La carga contaminante supera la capacidad de la vieja planta potabilizadora. El nuevo acueducto subterráneo debe esquivar el tramo contaminado.

El gobierno de Jalisco indicó que la construcción de un nuevo sistema de distribución tomará unos seis meses y ordenó un racionamiento. Por otra parte, la comisión de derechos humanos de México abrió una investigación por presuntos abusos policiales cometidos en la protesta de la semana pasada.