La nueva reforma al Poder Judicial de la Federación plantea modificar el esquema de elección de jueces y magistrados, fortalecer la autonomía presupuestaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y reducir las facultades financieras del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

El proyecto de decreto, elaborado por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, propone adelantar los preparativos para la elección judicial, con una convocatoria general del Senado que deberá emitirse a más tardar el 30 de abril del año previo a los comicios. A partir de esa convocatoria comenzarían los procesos de registro, evaluación y selección de aspirantes bajo criterios homologados para todos los Poderes.

La propuesta también contempla cambios en la administración de los recursos del Poder Judicial. El OAJ conservaría la función de integrar el presupuesto y establecer lineamientos generales, pero la Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) ejercerían directamente sus recursos mediante unidades administrativas propias.

En el caso de la SCJN, el pleno tendría facultades para establecer sus propias reglas en materia de personal, contrataciones, bienes, tecnología, obra pública y patrimonio, además de definir criterios para el ingreso, capacitación, ascensos y remoción de trabajadores. El proyecto justifica estas atribuciones como una forma de adecuar el uso de los recursos a las necesidades de la función jurisdiccional.

La iniciativa también propone que la Suprema Corte resuelva las controversias que surjan entre los distintos órganos del Poder Judicial, con el objetivo de definir sus atribuciones desde una perspectiva constitucional. Para ello, plantea crear un espacio institucional de coordinación entre los órganos superiores del PJF.

En materia electoral, el proyecto establece que la jornada de revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional, de manera coincidente con elecciones federales o locales.

La propuesta modifica disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato.