La Suprema Corte de Estados Unidos autorizó ayer al gobierno del presidente Donald Trump reanudar la deportación de migrantes a países distintos de los suyos, sin que los expulsados tengan la oportunidad de demostrar ante la justicia los perjuicios a los que podrían enfrentarse en una nación desconocida y sin ningún vínculo.

El máximo tribunal accedió a una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para suspender la sentencia del juez federal, Brian Murphy, en la que sostuvo que la política de Seguridad Interior de trasladar a los migrantes a los denominados “terceros países” es ilegal.

Más de 25 mil migrantes han sido deportados a 29 países, la gran mayoría a México, en el marco de dicha política aplicada desde el año pasado, de acuerdo con un recuento realizado por grupos de derechos humanos.

El gobierno estadunidense ha llevado a cabo expulsiones a países como Sudán del Sur, una nación políticamente inestable a la que el mismo Departamento de Estado estadunidense insta a sus ciudadanos a evitar, debido a los riesgos de delincuencia, secuestro y conflicto armado.

Washington también envía a migrantes a Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia y República Centroafricana, entre otras naciones.

La administración Trump obligó a un grupo de niños, algunos de apenas dos años de edad, a comparecer ante un tribunal de inmigración para defender su permanencia en Estados Unidos y evitar su deportación, muchos sin abogados, reportó CNN.

En una sala de audiencias de Texas, 25 inmigrantes menores se sentaron en las bancas para escuchar su sentencia mientras uno, de seis años, fingía pilotar un avión, y otro de apenas tres jugaba con el micrófono.

Entre los primeros en comparecer estuvo Ángel, un niño hondureño de 13 años. Cuando le preguntaron si había alguna razón por la que no podía regresar a su país, el menor respondió: “mi mamá y casi toda mi familia están aquí. Es demasiado peligroso regresar”.

El juez respondió que no cumplía los requisitos para recibir asilo, por lo que preguntó si “le gustaría solicitar una salida voluntaria o debo emitir una orden de expulsión”.

“No sé”, respondió Ángel antes de romper en llanto. “No tengo a nadie. No tengo nada”, expresó.

En tanto, un ciudadano venezolano herido de bala por un agente de migración en Texas, fue denunciado por el gobierno federal por agresión y otros cargos penales, por lo que podría enfrentar hasta 20 años de cárcel en caso de ser declarado culpable.

Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, está acusado de rozar a un agente con el espejo lateral de su vehículo y de intentar atropellar al mismo agente después de una breve persecución vial.