El gobierno del presidente, Donald Trump, ha preparado sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) en su conjunto y tiene previsto anunciarlas en breve, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto, una medida que escala su ataque contra el tribunal internacional que juzga los crímenes de guerra y el genocidio en todo el mundo.

La administración Trump no ha ocultado su desdén por la Corte y ha trabajado para socavarla.

Las autoridades estadunidenses quieren que la Corte retire sus órdenes de detención contra líderes israelíes, así como una investigación anterior sobre las acciones de tropas estadunidenses en Afganistán.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció en julio una campaña para aislar a la Corte, instando a otros países a retirarse del tribunal. Washington ha impuesto sanciones a varios jueces y fiscales de la CPI, pero hasta ahora se ha abstenido de imponer sanciones ‌a la ‌propia Corte, aunque esta medida se ha considerado desde hace tiempo como una de las opciones.

El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Según las fuentes, se han preparado sanciones contra la Corte, aunque aún no está claro el momento exacto en que se anunciarán.

El Wall Street Journal citó a funcionarios ‌que dijeron que la decisión podría concretarse esta misma semana, durante la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Dirigir las sanciones directamente contra toda la organización, así como contra las entidades que cooperan con ella, podría socavar gravemente la labor de la Corte.

Cualquier sanción impuesta por el Tesoro de Estados Unidos prohibiría a los ciudadanos y empresas estadunidenses proporcionar fondos, bienes o servicios a la Corte sin una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Tesoro de Estados Unidos. Los bancos suelen cumplir con las sanciones estadunidenses porque dependen del ‌acceso a su sistema financiero.

Entre las operaciones de la Corte que podrían verse afectadas se encuentran ⁠la adquisición de servicios informáticos y seguros, la contratación de investigadores y la realización de transacciones financieras cotidianas, como el pago a decenas de empleados estadunidenses, han ⁠advertido el secretario y el presidente de la CPI.

La CPI fue creada en 2002 por la comunidad internacional para juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Sólo ejerce su jurisdicción si un Estado miembro no puede o no quiere juzgar por sí mismo las atrocidades cometidas.

Estados Unidos nunca ha sido miembro de la CPI.