Con el propósito de fortalecer la protección de la dignidad de las personas fallecidas y brindar mayor certeza a las familias durante los procesos de duelo, el Congreso de Chihuahua reformó el Código Penal y la Ley Estatal de Salud para sancionar la retención injustificada de cadáveres, evitar la acumulación ilegal de cuerpos y reforzar la supervisión de funerarias, crematorios y panteones, así lo destacó la diputada, integrante del Partido del Trabajo y de la  Comisión de Justicia Irlanda Márquez Nolasco.

En este sentido, se establecieron sanciones para quienes impidan la entrega de un cadáver con el argumento de adeudos de cualquier índole, con lo que se pretende evitar que los restos humanos sean utilizados como garantía para el pago de servicios. Quien incurra en ello, podrá ser destituido e inhabilitado de seis meses a dos años para ejercer el cargo, profesión u oficio correspondiente, o recibir una multa de entre 500 y 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

También se pretende la creación de registros precisos, digitalizados y actualizados sobre los cuerpos inhumados, cremados o trasladados; éstos deberán contener información de identificación de la persona fallecida, datos de sus deudos, domicilio, CURP, huellas dactilares, causa de muerte, autorizaciones correspondientes y documentación relacionada con la cremación o inhumación.