La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo ayer dos audiencias sobre temas de México. En la primera reconoció las acciones del Estado contra la violencia vicaria.

Calificó de inusual que en el país se reconozca el ilícito aun cuando no es un tipo penal específico, e incluso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya emitido resoluciones que admiten la validez de las leyes en la materia y la obligación de autoridades de garantizar la participación de niños y adolescentes en los procedimientos de guarda y custodia, así como que se respete su derecho a ser escuchados. “Eso es inusual”, subrayó Andrea Pochak, comisionada del organismo.

En la segunda audiencia, calificada “de oficio”, se abordó el impacto del crimen organizado en los derechos de niños y adolescentes, en particular de aquellos que son cooptados por las bandas para el tráfico ilícito de migrantes a Estados Unidos.

La CIDH escuchó los planteamientos de organizaciones de la sociedad civil sobre la falta de garantías a la seguridad de las víctimas, sobre todo de los jóvenes que son repatriados y llevados a estados del sur del país, cuando su lugar de residencia está en el norte y las autoridades no se hacen cargo de que se reincorporen con sus familias.

En la audiencia sobre violencia vicaria, en el 196 periodo de sesiones de la CIDH, grupos civiles destacaron la disposición de la Secretaría de las Mujeres para atender la problemática que enfrentan las madres cuando en los juicios de divorcio, sus parejas sustraen a sus hijos, las acusan penalmente e incluso han logrado llevarlas a prisión por delitos inexistentes.

El problema es que “no resuelven” y las determinaciones de la Corte no se cumplen en los juzgados. Los jueces hacen interpretaciones que benefician a los hombres.

Además, dijeron, hay un problema de origen: que la violencia familiar que se comete de manera continua, durante años, no se reconoce como delito grave y ellas se quedan sin acceso a la justicia.

Por el contrario, las sentencias establecen que “los esposos agresores siguen teniendo derechos sobre las mujeres”. Por lo tanto, se tolera la separación de sus hijos y otras violaciones a sus derechos.

Por parte del Estado mexicano, Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, informó sobre las reformas legales realizadas en favor de la población femenina, así como de los diversos programas y acciones de la dependencia federal.

Comentó que de octubre de 2024 a julio de 2026, la secretaría ha acompañado 117 casos de violencia vicaria, 66 por ciento con atención jurídica y 26 por ciento se canalizaron a otras instancias. De los que siguen activos (43 por ciento del total), en una cuarta parte se busca la restitución de los hijos y la guarda y custodia.

Jóvenes repatriados al sur, en alto riesgo por el crimen

Sobre la situación de niños y adolescentes vinculados al tráfico ilícito de migrantes, las agrupaciones civiles señalaron que enfrentan alto riesgo de desapariciones, sobre todo cuando son repatriados a entidades alejadas de sus lugares de residencia.

Aunque la representación del gobierno mexicano informó sobre las acciones emprendidas en la materia desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, el DIF y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Pochak resaltó: “frente al crimen organizado nunca es suficiente lo que se hace. Es una batalla desigual”. Resaltó los esfuerzos del Estado mexicano y su reconocimiento de que hay un problema, pero no alcanza sin resultados concretos, sostuvo.