La Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) de Cuba condenó este miércoles mediante una declaración la “agresión genocida” del gobierno de Estados Unidos contra la isla y su intención de “doblegar” por la fuerza al pueblo de esta nación caribeña.
“Las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, en nombre del pueblo cubano, reiteran su más enérgica condena a la agresión genocida del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y al empeño imperialista de doblegar por vía de la fuerza la voluntad soberana de los cubanos”, expresa el texto, leído ante el plenario por la vicepresidenta del legislativo, Ana Mari Machado.
La Asamblea hizo un llamado a parlamentarios del mundo a honrar las voces y voluntades que buscan evitar una agresión militar de Estados Unidos contra Cuba, y poner fin a la “guerra silenciosa y genocida” impuesta por Washington, que incluye un cerco energético y más sanciones económicas contra la isla.
“¿Cómo puede un país en pleno siglo XXI del tercer milenio vivir sin disponibilidad de combustibles? ¿Cómo generar suficiente energía eléctrica? ¿Cómo mantener la vitalidad de industrias, fábricas, hospitales? ¿Cómo producir y trasladar alimentos y medicamentos?”, cuestionó la declaración.
El pronunciamiento califica además como “crimen internacional” las reiteradas amenazas de agresión militar por parte de Washington y advierte que cualquier intento de desestabilización encontrará una “resistencia férrea” de Cuba, que seguirá defendiendo su independencia, soberanía y su proyecto socialista, que calificó como principios “innegociables”.
La declaración hace un particular énfasis en la “guerra económica” y el “cerco energético”, equiparándolos a un bloqueo naval y señalan que las sanciones secundarias de Estados Unidos contra empresas que comercian con la isla buscan provocar una crisis humanitaria.
El Parlamento cubano realiza este miércoles y el jueves su séptimo período de sesiones ordinarias, en el que proyectan analizar y debatir varios proyectos de ley, entre ellos, el que establece una reestructuración de los ministerios en Cuba.