Atrapados en una frontera que les cerró la puerta, cientos de migrantes han tenido que asimilar una dura realidad: no hay regreso a casa, pero tampoco entrada a Estados Unidos debido a las políticas de Donald Trump. Hoy forman una población flotante en Ciudad Juárez, intentando echar raíces en una comunidad que los recibe con obstáculos. Sin papeles, el día a día es una carrera de vallas: no pueden acceder a empleos formales, matricular a sus hijos en la escuela ni recibir atención médica estatal sin enfrentarse a la discriminación.
A pesar de todo, la necesidad los empuja a las calles, donde muchos sobreviven como repartidores en motocicleta. El riesgo no solo es el tráfico; también lo es la policía municipal bajo el mando del alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar. “Los andan cazando como zopilotes para quitarles el dinero”, denuncia Cristina Coronado, coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano. En la Catedral, su organización asiste diariamente a 800 extranjeros con alimento y refugio, escuchando historias constantes de extorsión policial.
El apoyo de la Iglesia va más allá de la emergencia: ofrecen talleres de bordado para mujeres y una red de apoyo psicológico liderada por la doctora Leticia Chavarría. El trauma es profundo, marcado por la violencia sufrida en sus países y en el trayecto, a lo que se suma el duelo de aceptar que Juárez será su hogar forzado, al menos mientras esperan a ver qué pasa con el panorama político estadounidense.
Para Héctor Padilla Delgado, exdelegado del INM y académico de la UACJ, el panorama actual carece de la respuesta coordinada que se vio en las caravanas de 2018. Hoy, la migración se ha convertido en una estancia prolongada que redefine los proyectos de vida. La voz corre entre familias de Centro, Sudamérica y el propio México: “Aquí no es EE. UU., pero te puedes quedar”. Sin embargo, el arraigo no es fácil. Padilla recuerda que el propio alcalde Pérez Cuéllar alimentó la xenofobia en 2023 al declarar que la paciencia de la ciudad se estaba agotando, días antes de las redadas que culminaron en la tragedia del incendio migratorio donde murieron 38 personas.
El académico Willivaldo Delgadillo coincide en que desde la alcaldía se construyó una “leyenda negra” que estigmatizaba a los migrantes como un estorbo público, un eco histórico de las políticas de expulsión de los años sesenta. La realidad, documentada en las investigaciones de la UACJ, muestra a Juárez como una olla a presión alimentada por Trump desde 2019, donde incluso otros municipios mexicanos enviaban autobuses llenos de migrantes para desentenderse del problema.
Al final, como describe Cristina Coronado, lo que queda en la ciudad es el “colador” de la migración: personas vulnerables atrapadas en un entorno violento y desordenado, donde entre 2023 y 2025 los secuestros se dispararon, dejándolos a merced de la delincuencia y los abusos políticos.