Cientos de recluidos en al menos 33 entidades de Estados Unidos sostienen en demandas federales que los centros de detención de inmigrantes no brindan atención médica adecuada, según una investigación del servicio KFF Health News, una publicación nacional especializada en temas sanitarios, y The Associated Press.

Ante la falta de datos y la negativa de acceso público sobre quejas médicas de quienes están bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la investigación se basó en demandas de habeas corpus en la materia para identificar las denuncias relacionadas con la atención de salud que los detenidos plantearon ante un tribunal federal.

Aunque el propósito del habeas corpus es impugnar la legalidad de la detención del solicitante y no las condiciones de su reclusión, estas presentaciones en ocasiones incluyen reclamos de los detenidos sobre una atención médica inadecuada.

KFF Health News y Ap analizaron los expedientes de aproximadamente 33 mil casos presentados por detenidos durante la segunda administración del presidente Donald Trump. La gran mayoría de los casos tenía sólo información procesal básica, como fechas de presentaciones y fallos judiciales. Alrededor de 4 mil 400 incluían las peticiones originales.

Se encontraron alrededor de 500 casos que potencialmente alegaban negligencia médica. Al menos dos reporteros revisaron cada expediente de forma manual, lo que arrojó más de 300 casos que contenían denuncias específicas, en presentaciones juradas, de atención médica demorada, denegada o deficiente.

Los detenidos exponen que no les dan sus medicamentos a tiempo o que no los reciben en absoluto para afecciones que incluyen hipertensión, diabetes, depresión, epilepsia, mal de Parkinson o VIH.

Sus solicitudes de ayuda quedaron sin respuesta durante semanas. Los niveles de glucosa en la sangre aumentaron. Las infecciones se agravaron. Los cánceres permanecieron sin tratamiento. Los detenidos sufrieron colapsos y convulsiones.

En este contexto, el mandatario republicano acusó a los inmigrantes irregulares y a los “estafadores extranjeros” de robar miles de millones cada año a los contribuyentes estadunidenses y firmó una nueva orden para limitar el acceso al aparo financiero del país.

“El acceso a los sistemas financieros de nuestra nación debe limitarse a quienes tienen derecho legal a estar aquí y participan en actividades comerciales lícitas y legítimas”, advirtió el republicano en una publicación en su red Truth Social.

“Esto también envía un mensaje claro a los manifestantes críticos del ICE: sus disturbios violentos sólo fortalecen nuestra determinación”, aseveró.

Nueva Jersey demandó a GEO Group, la empresa privada que gestiona el centro de detención de migrantes donde se han registrado manifestaciones en contra de las malas condiciones del lugar.

La querella exigió que las autoridades sanitarias locales tengan acceso completo a Delaney Hall, una de las instalaciones donde se retiene a inmigrantes, resultado de la cacería ordenada por el jefe de la Casa Blanca.