El subsecretario de Educación y Deporte en la Zona Norte, Roberto Anaya Moreno, consideró que el fallo judicial que condenó al Instituto Tesla al pago de más de 21 millones de pesos por daño moral a un exalumno genera preocupación entre las instituciones educativas, al tratarse de un precedente que podría influir en la forma en que se atienden casos similares.

Anaya señaló que, con base en la información disponible, el plantel actuó conforme a los protocolos vigentes en 2022 y aplicó los procedimientos establecidos para atender los señalamientos contra el estudiante.

Precisó que la resolución judicial abre la puerta a analizar posibles ajustes en los protocolos escolares para brindar mayor certeza a directivos y comunidades educativas ante este tipo de situaciones.

El funcionario aclaró que la Secretaría de Educación no puede intervenir en el litigio por tratarse de un asunto civil que sigue en tribunales. Añadió que el caso también refleja la necesidad de analizar la evolución del marco legal, ya que algunas conductas actualmente tipificadas como delito no tenían el mismo tratamiento jurídico cuando ocurrieron los hechos.