La polémica por la investigación relacionada con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad, volvió a poner bajo revisión los acuerdos de colaboración firmados en 2022 entre mandatarios fronterizos mexicanos y el gobernador de Texas, Greg Abbott.
Además de Chihuahua, los gobiernos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas suscribieron memorandos de entendimiento con Texas en materia de seguridad fronteriza, migración y comercio.
El 14 de abril de 2022, Maru Campos firmó en Austin un acuerdo donde Chihuahua se comprometía a reforzar vigilancia en la frontera, desplegar drones e implementar la Plataforma Centinela para monitoreo vehicular y de seguridad.
Un día antes, el entonces gobernador de Nuevo León, Samuel García, suscribió un memorando similar en Laredo enfocado en revisiones fronterizas y flujo comercial.
Ese mismo 14 de abril, el entonces gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, formalizó otro acuerdo bilateral sobre seguridad y migración.
Posteriormente, el 15 de abril, el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, firmó un convenio relacionado con inteligencia y control migratorio, mientras enfrentaba investigaciones federales por presuntos delitos financieros y delincuencia organizada.
Los acuerdos surgieron tras las inspecciones extraordinarias ordenadas por Abbott a camiones mexicanos en Texas, medidas que provocaron pérdidas millonarias en el comercio fronterizo.
El tema volvió al debate público luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que los gobiernos estatales no tienen facultades constitucionales para celebrar acuerdos internacionales de seguridad con entidades extranjeras.