Movimiento Ciudadano presentó ante el Congreso de la Unión una solicitud de desafuero contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que los implicados deben enfrentar las investigaciones sin protección constitucional y someterse a los procesos legales correspondientes.

La solicitud también incluye al senador Enrique Inzunza y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. En el documento se pide iniciar el juicio de procedencia, al señalar posibles delitos relacionados con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Sobre el proceso, el académico Javier Martín Reyes explicó que retirar el fuero es un requisito para iniciar acciones penales contra funcionarios en activo, y que en el caso de un gobernador se requiere, en principio, la aprobación de la Cámara de Diputados.

Añadió que existe debate jurídico sobre si también debe intervenir el Congreso local, como ocurrió en el caso del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Mientras no se retire el fuero, cualquier intento de proceder penalmente, incluida una eventual solicitud de extradición, podría enfrentar obstáculos legales.