El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos señaló que el proceso contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “es sólo el principio”, al enmarcarlo dentro de una ofensiva más amplia contra funcionarios vinculados al narcotráfico. Legisladores advirtieron que cualquier persona relacionada con el envío de drogas a territorio estadounidense deberá enfrentar consecuencias legales.

El posicionamiento surge tras la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Los cargos incluyen delitos relacionados con tráfico de drogas y colaboración con el crimen organizado, dentro de un proceso judicial iniciado en Nueva York.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el caso será atendido por la Fiscalía General de la República, que deberá determinar si existen pruebas suficientes para proceder conforme a la ley. Señaló que, de acreditarse los señalamientos, se analizarían medidas como detención o extradición.

La Fiscalía confirmó que revisará la solicitud de Estados Unidos bajo el marco legal mexicano. El caso se desarrolla en un ambiente de tensión entre ambos países, al involucrar a un funcionario en funciones y abrir un frente delicado en la relación bilateral en materia de seguridad.