El gobernador de Nuevo León, Samuel García, fue señalado por presuntamente encabezar una estructura financiera para desviar recursos públicos y realizar operaciones con dinero de procedencia ilícita por montos que superarían los mil millones de pesos, según versiones difundidas en torno a una investigación federal.

De acuerdo con la información, el esquema habría operado a través de un despacho vinculado a su entorno familiar, mediante el cual se canalizarían recursos provenientes de contratos y pagos del gobierno estatal hacia distintas empresas, antes de concentrarse en cuentas relacionadas con dicha firma.

Los señalamientos describen una cadena de transferencias entre compañías proveedoras y entidades vinculadas a obra pública y servicios, con el objetivo de dispersar los recursos y dificultar su rastreo, incluso mediante envíos a cuentas en el extranjero.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido una resolución definitiva sobre el caso, que se mantiene en etapa de investigación, en medio de un tema que podría tener implicaciones legales y políticas para la administración estatal.