Cinco exmandos y agentes de la antigua Policía estatal, hoy Guardia Civil, involucrados en una presunta ejecución extrajudicial contra cuatro indígenas de Arantepacua en abril de 2017, deberán permanecer en prisión preventiva oficiosa según un juez de control.
Los hechos habrían ocurrido en el municipio de Nahuatzen durante un operativo policial desplegado por la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien también enfrenta una orden de aprehensión por este caso.
Los cinco acusados fueron detenidos el pasado viernes, en diversos puntos del estado, y tendrán que permanecer recluidos en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, del complejo de Mil Cumbres, en el municipio de Charo. Debido a que, durante su audiencia de formulación de imputación, no se logró tener una resolución.
El domingo 12 de abril comenzó la audiencia y, tras 12 horas, el juez autorizó un receso —duplicidad— para que la defensa estudiara los 70 tomos que integran las carpetas de investigación, por lo que este procedimiento se prevé que continúe para determinar su vinculación a proceso.
Los acusados son Jorge Alvarado Serrato, ex director de Tránsito; Juan Carlos Juárez Rico, comandante de la Unidad para el Restablecimiento del Orden Público (UROP), y los policías Azahel Vázquez Andrade, Marco Antonio Martínez Guadarrama y Bulmaro Ramírez González.
Jorge Alvarado y Juan Carlos Juárez son acusados por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, mientras que los otros tres policías, además de compartir los mismos cargos, también enfrentan señalamientos contra la administración de justicia y de tortura.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que continúa con los operativos para cumplimentar otras 11 órdenes de aprehensión relacionadas con este mismo hecho, entre quienes se encuentran el exgobernador Silvano Aureoles y su entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez.
Ambos enfrentan además una orden de aprehensión por el desvío de 3 mil 600 millones de pesos durante la construcción de siete cuarteles de la Policía Michoacán, entre los años 2015 y 2021, lapso en el que gobernó el perredista.
La ejecución extrajudicial ocurrió el 5 de abril de 2017, cuando agentes de la Policía de Michoacán (actual Guardia Civil), realizaban un operativo para recuperar un centenar de vehículos que los indígenas mantenían retenidos en Arantepacua, a manera de presión por un conflicto agrario ancestral que esa comunidad tenía con el poblado vecino de Capácuaro del municipio de Uruapan.
Durante el operativo, se registró un tiroteo que terminó con la muerte de un policía y de cuatro indígenas, uno de ellos menor de edad; en el hecho también hubo 35 heridos por golpes y balas, así como 38 detenidos que días después fueron liberados.
El gobierno de Silvano Aureoles informó que el tiroteo habría sido iniciado por un grupo de civiles armados al servicio de Benito Morales Jiménez, alias “El Beny”, jefe de plaza del cártel de Los Viagras y exintegrante del cártel de Los Caballeros Templarios, quien habría supuesto que el operativo era en contra de él, mientras que los policías desconocían de su presencia en la zona.
Este presunto delincuente no fue detenido y hasta el momento se desconoce más información sobre su paradero.