Entre 2018 y 2025, resoluciones de jueces federales permitieron el desbloqueo de al menos 2 mil 836 cuentas bancarias que concentraban alrededor de 32 mil millones de pesos, pese a sospechas sobre su origen ilícito.

Estas decisiones se sustentaron en la jurisprudencia 46/2018 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que limitaba el bloqueo de cuentas a casos derivados de solicitudes de autoridades extranjeras, dejando fuera investigaciones de carácter nacional.

Durante ese periodo, se promovieron miles de amparos contra la inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que derivó en más de mil suspensiones que ordenaron liberar recursos sin un análisis de fondo sobre las operaciones señaladas.

Con la nueva integración, la Corte dejó sin efecto ese criterio al considerar que restringía la capacidad del Estado para combatir el lavado de dinero y debilitaba las acciones preventivas en el sistema financiero.