La diputada local Rosana Diaz denunció públicamente haber sido objeto de una operación política dentro del Congreso del Estado, al señalar que el coordinador de una bancada encabezó acciones para desacreditarla y limitar su derecho a expresarse, en un contexto que calificó como un intento deliberado por imponer una narrativa en su contra y frenar su participación legislativa.

De acuerdo con su posicionamiento, lo ocurrido en el Pleno no respondió a un debate político ordinario, sino a una acción organizada que, aseguró, vulneró principios básicos de legalidad, ética pública y respeto institucional, al grado de considerar que se trató de un “linchamiento político” ejecutado desde el interior de su propio grupo parlamentario.

La legisladora también señaló la presunta intervención de un colaborador cercano al coordinador, a quien atribuyó la promoción de medidas orientadas a restringir su libertad de expresión, así como la integración de documentos que, afirmó, buscan sostener un caso previamente construido en su contra dentro de instancias partidistas.

En ese sentido, cuestionó la incorporación de un informe presentado como prueba dentro de un procedimiento interno, al considerar que forma parte de una estrategia para validar acusaciones desde el propio grupo político, lo que, dijo, evidencia una dinámica en la que “se acusa, se construye y se pretende legitimar” una versión de los hechos.

Asimismo, sostuvo que estas acciones no solo afectan su labor como representante popular, sino que impactan en el derecho de la ciudadanía a estar informada, al advertir que intentar silenciar a una diputada implica también limitar la voz de quienes representa.

Finalmente, la legisladora rechazó cualquier tipo de presión política y reiteró que mantendrá su postura pública, al señalar que no cederá ante intentos de intimidación ni ante prácticas que, afirmó, contradicen los principios del movimiento político al que pertenecen los involucrados.