El senador Markwayne Mullin, ex campeón de artes marciales mixtas, tiene muchas posibilidades de ser ratificado esta semana por la Cámara alta como secretario de Seguridad Interna en sustitución de la primera persona despedida del gabinete del presidente Donald Trump ante la creciente ira pública y protestas contra las tácticas antimigrantes del gobierno federal; pero el cambio de personal no implica una modificación en la política de detención y deportación masiva, ni el lucro y corrupción por ese negocio.

La necesidad de modificar el mensaje antimigrante fue revelada la semana pasada en una reunión de líderes republicanos en Doral, Florida (en un hotel de Trump, lo que es negocio para la familia), donde estrategas del partido recomendaron a legisladores que buscan su relección en los comicios intermedios en noviembre no enfocarse en las redadas y deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados y más bien enfatizar sólo la expulsión de “criminales”.

Nueva estrategia republicana

Para el Partido Republicano “se trata de la deportación de criminales violentos y no expulsiones masivas”, explicó uno de los participantes sobre el nuevo mensaje político a The Washington Post.

“En conversaciones con sus asesores y su esposa, Melania, Trump está convencido de que algunas de las políticas de su gobierno son demasiado extremas y que a los votantes no les gusta la frase de ‘deportación masiva’”, reportó The Wall Street Journal.

La reacción pública –y la protesta masiva en más de 100 ciudades de todo Estados Unidos– ante imágenes de agentes enmascarados en uniformes de combate que derriban puertas de hogares y violentamente arrestan niños y a sus padres en las calles, en particular los incidentes en Mineápolis, donde agentes asesinaron a dos ciudadanos, fueron el factor clave en la decisión de Trump de despedir a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Interna, a la que pertenecen las agencias federales de control migratorio y seguridad fronteriza.

El presidente de la Cámara baja, el republicano Mike Johnson, reconoció que la política migratoria de este gobierno está “en una corrección de curso ahora mismo”, después de que provocó “una irritación pequeña con votantes hispanos y latinos” por tácticas demasiado duras. Aunque los demócratas son minoría en el Senado, han logrado hasta ahora bloquear el financiamiento del Departamento de Seguridad Interna al demandar que el gobierno acepte algunos cambios en la manera en que lleva a cabo sus operaciones antimigrantes.

Los abusos de agentes migratorios en sus operativos y la aparente decisión de no cumplir órdenes judiciales indican una creciente crisis legal y, por sus consecuencias, de violación a derechos humanos en el país. Jueces federales han emitido más de 7 mil fallos en meses recientes declarando que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha encarcelado a personas sin permitirles un debido proceso. Más aún, las crecientes quejas por organizaciones de activistas, libertades civiles y políticas sobre las condiciones insalubres y crueles dentro de centros de detención de inmigrantes, incluida la detención de unos 4 mil niños, siguen en gran medida sin respuesta por el gobierno, más allá de ignorarlas o descalificarlas.

Aunque el gobierno de Trump ha sufrido reveses en los tribunales, como los fallos de la Suprema Corte que declararon ilegal el despliegue de la Guardia Nacional y tropas militares en Chicago y Los Ángeles, y que más de mil jurisdicciones alrededor del país siguen manteniendo sus políticas de “santuario” con órdenes de que sus fuerzas de seguridad locales y estatales no colaboren con autoridades federales en perseguir a inmigrantes, entre otras expresiones de rechazo a las políticas actuales, no hay indicaciones de un cambio de curso.

Proceden los planes diseñados por Stephen Miller, subjefe del gabinete y arquitecto de la política antimigrante. El departamento de Seguridad Interna ha adquirido almacenes para convertirlos en “megacárceles” para incrementar la capacidad de detención a 90 mil personas. Por ahora, la dependencia mantiene bajo detención a 70 mil inmigrantes, un número sin precedente desde que se creó esta dependencia en 2002. Y avanza la contratación de otros 10 mil agentes este año.

“Estamos en un momento interesante… el público finalmente ve qué implica la detención y la deportación masiva”, comentó Sarah Mehta, experta en inmigración de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) a Ap. “No es una agencia que desacelera, está realmente procediendo con algunas de las políticas más crueles”.

Miller, se mantiene como el asesor clave

Agentes migratorios detenían mil 115 personas en promedio al día hasta febrero, cuatro veces más que en el último año del gobierno de Joe Biden, reportó The New York Times. Menos de 14 por ciento de los arrestados en el primer año de la administración de Trump tenían historial de delitos, reportó CBS News.

Recientemente, Miller intentó vincular su agenda contra los extranjeros con la guerra a las drogas. “Uno de los hechos menos entendidos sobre la inmigración ilegal es que cada indocumentado paga a los cárteles para orquestar su cruce por la frontera. Los asesinatos, secuestros y tráfico de fentanilo es financiado por estos mismos viajeros que de manera fraudulenta exigen asilo”, escribió en redes sociales en febrero.

Miller sigue como un asesor clave de Trump, siempre presente en reuniones de alto nivel en la Casa Blanca. Aunque algunos asesores esperan que la sustitución de Noem Kristi por Mullin podrá cambiar algunas cosas que han generado tanta oposición pública y política, Miller continúa manejando una sesión diaria entre funcionarios para evaluar si logran cumplir el objetivo de un millón de deportaciones al año.

Mullin buscará reconstruir la reputación dañada del Departamento de Seguridad Interna –al asegurar que bajo su mando instruirá que “en la mayoría de los casos” sus agentes obtendrán una orden judicial antes de entrar en hogares, un paso que ha sido ignorado hasta ahora a pesar de que supuestamente es obligatorio bajo la ley– esa tarea podría ser imposible. Una encuesta de The Washington Post registró que una mayoría, 58 por ciento, de los estadunidenses opinan que el gobierno de Trump ha sido demasiado extremo en su política de deportación, un incremento de ocho puntos desde fines del año pasado.

Más allá de las demandas de opositores y críticos, también se intensifican las consecuencias económicas de deportar mano de obra. El senador republicano Ron Johnson comentó que son los inmigrantes los que se encargan de ordeñar las vacas en las granjas lecheras de su estado, Wisconsin, y que agrupaciones de restauranteros le han informado que los necesitan para sus operaciones. “¿Podemos darle vuelta atrás al reloj y que todos los que llegaron sin documentos regresen”, comentó a la agencia Ap. “Son gente trabajadora, apoyando a sus familias, contribuyendo a sus comunidades”, afirmó.